DURANGO.— Docentes, padres de familia y representantes de comunidades indígenas de Durango buscan que diputados federales intervengan ante el conflicto que mantienen con autoridades del CECyTED y que su demanda de gratuidad educativa alcance a los planteles ubicados en pueblos originarios.
María de Lourdes Cervantes Mendoza, docente del plantel de Canoas, explicó que la movilización comenzó después de detectar que estudiantes estaban abandonando las aulas debido, entre otros factores, a las dificultades económicas y las enormes distancias que deben recorrer.
Según su relato, existen jóvenes que caminan entre tres y cuatro horas para llegar al plantel. Algunos salen de sus hogares desde las cuatro o cinco de la mañana.
Cervantes Mendoza asegura que durante visitas a las familias descubrió que algunos estudiantes habían dejado la escuela para trabajar. También relató casos de exalumnos que posteriormente habrían sido reclutados por grupos delictivos y murieron en enfrentamientos.
Ante esa situación comenzó a promover la condonación de inscripciones en Canoas, demanda que posteriormente se extendió a otros planteles ubicados en comunidades indígenas del Mezquital.
La profesora sostiene que después comenzaron represalias laborales, hostigamiento y actos discriminatorios en su contra. El conflicto alcanzó también a trabajadores vinculados con una organización sindical, cuyos integrantes denuncian afectaciones salariales y laborales.
Los inconformes realizaron diferentes movilizaciones y tomaron instalaciones del CECyTED para exigir una solución. Cervantes Mendoza asegura que anteriormente se alcanzaron cinco acuerdos mediante una mesa de diálogo, pero sostiene que varios compromisos no fueron cumplidos en los términos esperados.
El episodio más grave denunciado ocurrió la madrugada del 28 de septiembre. Según Cervantes Mendoza, personas encapuchadas y vestidas de negro llegaron al campamento instalado frente a las oficinas del organismo, golpearon a participantes y retiraron el plantón. La docente afirma que también fue agredida y despojada de su teléfono.
Estas acusaciones deberán ser investigadas para determinar quiénes participaron y establecer posibles responsabilidades.
Los manifestantes aseguran haber solicitado la intervención de autoridades estatales, del Congreso y de funcionarios educativos. Ahora pretenden llevar su demanda ante diputados y diputadas federales.
Su pliego incluye gratuidad del 100% en las inscripciones de planteles ubicados en comunidades indígenas; reinstalación de cuatro trabajadores; pago de salarios pendientes desde abril; cese de represalias; reconocimiento sindical y resolución de la toma de nota.
También demandan la remoción del director general del CECyTED, Cuauhtémoc Armas Enríquez.
Para Cervantes Mendoza, llevar el conflicto al ámbito federal tiene un objetivo que va más allá de su situación laboral: convertir la gratuidad de la educación media superior para jóvenes de pueblos originarios en una garantía efectiva y no en una negociación que deba repetirse cada ciclo escolar.
